En abril de 2022, Andrés Manuel López Obrador sobrevoló en helicóptero la Riviera Maya. Desde el aire vio algo que, según los acuerdos alcanzados con su gobierno, no debía estar ocurriendo: Calica seguía extrayendo piedra caliza en Playa del Carmen. La empresa estadounidense Vulcan Materials se había comprometido a detener la explotación mientras negociaba con el gobierno mexicano una salida al conflicto, pero las máquinas seguían trabajando. López Obrador llevó las imágenes a la mañanera, acusó a la empresa de haber engañado a su gobierno y ordenó parar la extracción. Ahí comenzó el último capítulo de una disputa que, cuatro años después, acaba de darle la vuelta a una demanda de 1,700 millones de dólares contra México.
Para entonces Calica llevaba más de tres décadas arrancándole piedra a Quintana Roo para convertirla en material de construcción en Estados Unidos. La explotación comenzó en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, pero uno de sus permisos más importantes llegó el 30 de noviembre de 2000, último día del gobierno de Ernesto Zedillo: la autoridad ambiental dependiente de la Semarnap, encabezada por Julia Carabias, autorizó durante veinte años la extracción por debajo del manto freático en los predios La Adelita y El Corchalito. Más de mil hectáreas sobre una de las redes de acuíferos, cavernas y ríos subterráneos más extraordinarias del planeta, sacrificadas para producir grava, concreto y asfalto para la industria de la construcción estadounidense.
El daño quedó a la vista: enormes tajos abiertos sobre el acuífero de la Riviera Maya para extraer roca destinada a la industria de la construcción estadounidense. En mayo de 2022, después de comprobar que Calica seguía trabajando, el gobierno de López Obrador clausuró las operaciones.
Vulcan respondió llevando el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Alegó que México había violado las protecciones a la inversión extranjera establecidas en el TLCAN y terminó reclamando alrededor de 1,700 millones de dólares por las medidas adoptadas contra Calica. México decidió no limitarse a defenderse.
El 27 de julio pasado llegó el fallo. México ganó prácticamente todo. El CIADI desestimó casi la totalidad de las reclamaciones de Vulcan y, de los aproximados 1,700 millones de dólares que pretendía cobrar, sólo le reconoció unos 15 millones. Y ni siquiera fue por la clausura ordenada por López Obrador en 2022: la indemnización corresponde a una medida tomada cuatro años antes, en enero de 2018, sobre uno de los predios de Calica. Las reclamaciones posteriores, incluidas las derivadas del cierre de las operaciones durante el gobierno de López Obrador, no prosperaron.
La defensa mexicana estuvo encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, el área especializada del gobierno mexicano en controversias de inversión y comercio internacional. Al equipo se sumaron los despachos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, de Washington, y Tereposky & DeRose, de Canadá. Enfrente, Vulcan estuvo representada por Covington & Burling, una de las grandes firmas jurídicas de Washington. El resultado fue contundente: de los 1,700 millones de dólares reclamados por la empresa estadounidense, México tendrá que pagar menos del 1%.
No era la primera victoria reciente de ese equipo. En noviembre de 2025, la misma Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía consiguió que el CIADI desechara por completo una demanda por más de 2,700 millones de dólares presentada por la estadounidense Access Business Group, propietaria de Nutrilite, que acusaba a México de expropiación por la restitución de tierras al ejido San Isidro, en Jalisco. Entre aquel litigio y el de Vulcan, dos empresas estadounidenses pretendían cobrarle a México alrededor de 4,400 millones de dólares. Una no obtuvo un centavo y la otra consiguió menos del uno por ciento de lo reclamado.
Pero México no se limitó a defenderse. En 2023 presentó ante el propio CIADI una contrademanda contra Vulcan por los daños ambientales ocasionados por Calica y reclamó alrededor de 1,500 millones de dólares. La ofensiva mexicana se apoyó en peritajes y procedimientos ambientales que documentaron, entre otras irregularidades, explotación por debajo del manto freático fuera de las superficies autorizadas, falta de concesiones de agua y ausencia de autorización para el cambio de uso de suelo forestal. Después de décadas en las que la discusión había girado alrededor de cuánto tendría que pagar México por cerrar la cantera, la pregunta cambió: cuánto tendría que pagar Vulcan por lo que dejó detrás.
Y ahí está quizá la parte más interesante de esta historia. Vulcan acudió a un tribunal internacional reclamando 1,700 millones de dólares a México por impedirle continuar explotando la cantera. Ocho años después, consiguió alrededor de 15 millones por una medida adoptada en 2018, perdió prácticamente todo lo demás y la mina continúa cerrada. Del otro lado de la mesa quedó una reclamación mexicana por 1,500 millones y una cuenta ambiental que no desapareció con el laudo.
El fallo se conoce, pero el laudo completo permanece fuera de la vista pública. El Movimiento Maya Peninsular y el Grupo Ecologista del Mayab, cuyas comunidades consiguieron participar en el arbitraje pese a la oposición de Vulcan, exigen al gobierno federal su publicación íntegra y, particularmente, conocer qué resolvió el tribunal sobre la contrademanda presentada por México por los daños ambientales de Calica. También exigen que ninguna negociación permita a Vulcan recibir nuevos predios o bancos de material en otra parte del país.
Y no son los únicos que quieren respuestas. La mayoría de los mexicanos queremos saber cuál fue el resultado de la contrademanda, quién va a pagar por el daño causado durante décadas en Quintana Roo y, sobre todo, si después de todo esto México va a permitir que una empresa con el historial depredador de Calica simplemente cambie de lugar y siga operando en nuestro territorio.
