Y Sepa La Bola… pero en la administración pública hay decisiones que, sin necesidad de adjetivos, hablan por sí solas. El caso de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, es uno de ellos: una compañía con señalamientos y denuncias que obtuvo un contrato plurianual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Los antecedentes están documentados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México inició una investigación sobre condiciones laborales relacionadas con la empresa.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social auditó y embargó al empresario cuando buscaba contratos con “Soles Mantenimiento”. Son registros institucionales que forman parte del historial del proveedor.
A pesar de ello, el Infonavit le otorgó un contrato cuyo costo es 60 millones de pesos superior a la propuesta presentada por Armot, empresa que inicialmente había sido considerada para el mismo servicio.
La cancelación de ese primer contrato se realizó sin explicación pública. En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
La decisión recayó en Iyadalid Martínez, subdirectora de administración y proveedora de servicios de la dependencia. Su nombre ha sido mencionado en distintos momentos por prácticas en cargos públicos previos. Más allá de valoraciones, la recurrencia de señalamientos en trayectorias vinculadas al manejo de recursos públicos merece atención.
El tema no se limita a una sola adjudicación. El 22 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con la construcción de vivienda en Hidalgo y también autorizada por Martínez Domínguez.
La repetición de casos coloca el foco en los procesos.
A esto se suman antecedentes en Petróleos Mexicanos, donde empleados señalaron la asignación de labores en días de descanso, extensión de jornadas y solicitud de actividades adicionales, así como la designación de personal sin el perfil requerido.
Posteriormente, al separarse de la empresa productiva del Estado, se le otorgó un finiquito por más de dos millones y medio de pesos, documentado en oficios oficiales.
El punto de fondo no es la existencia de señalamientos, sino la manera en que estos conviven con decisiones administrativas de impacto económico.
Cuando un contrato supera por 60 millones de pesos a otra propuesta y no hay explicación pública, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto de rendición de cuentas. Los datos están sobre la mesa.
Y Sepa La Bola… pero hay un riesgo que nadie frena. La caída de una lona en un muro ciego ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4192, en Álvaro Obregón, vuelve a exhibir un problema que persiste en la Ciudad de México: la operación de estructuras de publicidad exterior sin permisos.
La empresa señalada, Carteles y Neón Espectaculares Publi20, forma parte de un esquema donde anuncios se instalan sin autorizaciones de uso de suelo, dictámenes de protección civil ni seguros de responsabilidad.
La Ley de Publicidad Exterior establece restricciones claras para este tipo de estructuras; sin embargo, su proliferación muestra fallas en supervisión y sanción.
Hoy no hubo víctimas, pero el riesgo es constante en zonas de alta circulación. La pregunta no es nueva: ¿qué acciones implementará el gobierno capitalino para retirar estas instalaciones y evitar consecuencias mayores?
