El suministro de medicamentos e insumos de salud es uno de los más graves fallos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, tanto por decisiones propias como las tomadas por el secretario de Salud -el casi invisible Jorge Alcocer– como por las indolencias del subsecretario de salud Hugo López-Gatell… y a ello se aúna la burocracia que la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios impuso a la importación de medicamentos de uso controlado, como los paliativos de dolor enfermedades crónicas y terminales, con lo que la administración de Alejandro Svarch (próximo director del IMSS-Bienestar) gestó otra crisis de suministro.
Bajo el Sambenito de “combate a las drogas”, la Cofepris estableció un protocolo que absurdamente prolonga las revisiones en sus propios laboratorios de tales productos hasta que prácticamente se agota su tiempo de vida útil, liberando los lotes cuando la fecha de caducidad está ya cercana.
En la “Cuarta Transformación”, al parecer, nunca se comprendió qué a diferencia de las tuercas, clavos o martillos, los medicamentos no se fabrican a granel para almacenarse por tiempo indefinido, que se elaboran bajo previsiones específicas de demanda y de tiempo de vida útil.
El hecho está en que Cofepris, a la recepción de lotes, aplica hasta 6 meses en revisarles y “cumplan la norma”… según para asegurar que no haya tráfico ilegal de sedantes como los opiáceos o precursores de fentanilo. Es toda una broma de mal gusto: mientras la industria medica ocupa no más 40 kilos de fentanilo por año para fabricar productos controlados, los cárteles de la droga, como el de Sinaloa, exportan cientos de toneladas de fentanilo “sucio”.
Cuando finalmente Cofepris “libera” lo lotes de medicamentos legales, ya ha transcurrido casi la mitad de su vida útil. Si bien ello afecta a empresas como Psicopharma de Efrén Ocampo y a la alemana Grunenthal que dirige Rogelio Ambrosi pues no logran hacer entregas a tiempo al sector público y privado de salud, el daño mas grave, sin duda es a las personas a las que cada vez resulta mas complicado y costoso acceder a productos -a menos que recurran al mercado negro- para literalmente no morir de dolor.
Habrá que ver si esto cambia ya sea con Pablo Quiroga y Miriam Loera, candidatos para encabezar dicha comisión.
Mendieta, a capilla
Pues que Ernesto Mendieta Jiménez estaría bajo la lupa del gobierno federal por su posible implicación en los ataques recientes contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personaje que esperaba ampliar lucrativos contratos en el actual gobierno… pero no se le hizo.
Mendieta tiene un tristemente célebre historial como negociador fallido en casos de secuestro, como en el caso de hijo de Fernando Martí, del padre jesuita Wilfredo Guinea y de Silvia Vargas (hija del empresario Nelson Vargas), todos ellos culminados en el asesinato de las víctimas.
Mendieta se jacta de haber capturado a Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, pero el fracaso como negociador se impuso sobre su narrativa.
Su empresa, Aquesta Terra Comunicación, aunque poco visible, obtuvo en 2019 un contrato con la SHCP para asesorar en reformas operativas a la Unidad de Inteligencia Financiera, por un valor de 4.2 millones de peso; y en 2020 se le subcontrató para auditar los Centros Federales de Readaptación Social en Sonora, Durango, Chiapas y Morelos, cobrando mensualmente más de 10 millones de pesos.
Dada el controvertido historial, en la industria de la seguridad privada se comenta que empresas e instituciones de gobierno lo vetaron para evitar daño reputacional.
Incluso, Omar García Harfuch, próximo encargado de la SSPC, estaría al tanto de las investigaciones en curso que señalan a Mendieta y a sus empresas por supuestas irregularidades y contratos obtenidos en administraciones pasadas.
Chantaje contra administradores de prisiones
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se acumulan quejas contra Manuel Luján, titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF), quien en plena entrega-recepción con el gobierno entrante, se comenta que pretende seguir presionando a las empresas a cargo de las cárceles privadas -las denominadas CEFERESOS CPS- para que contraten a proveedores carentes de la experiencia profesional exigida en el Sistema Penitenciario Federal.
Luján coordina y controla a la Dirección de Administración y Finanzas de Prevención y Readaptación Social Federal, a cargo de Adalberto López, y al coordinador de Operación y Mantenimiento de los CEFERESOS CPS, Fernando Ojeda… encargados de hacer la presión que consta de retener indebidamente y fuera de todo procedimiento los pagos correspondientes a ocho administraciones privadas que se niegan a caer en el cochupo.
Es posible verificar a quiénes no se les paga y que pese a existir suficiencia presupuestal, “por orden superior” se les suspendió el pago desde marzo pasado a fin de doblegarlos… todo ello en perjuicio de los propios reclusos.
Dada la gravedad del asunto, los quejosos están a punto de buscar el apoyo presidencial para que les resuelva el caso.
Arizmendi, ¿subsecretaria?
Que la siempre afable y empática morenista chiapaneca, Patricia Arizmendi, busca una subsecretaría en Hacienda donde hasta la fecha Rogelio Ramírez de la O aún no ratifica o rectifica a sus subalternos directos. Por ello crece como espuma la versión de que actual el subsecretario de la chequera, Juan Pablo de Bottom, se irá a manejar las finanzas capitalinas con Clara Brugada… y qué en el enroque, ira a dicha subsecretaria federal Bertha Gómez, secretaria de finanzas capitalinas con Claudia Sheinbaum.
Tal vez por todo este repechaje nadie sepa todavía cómo será el Proyecto de Ingresos y Egresos de la Federación 2025.
@mfloresarellano
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