Redacción
El Senado mexicano aprobó el miércoles la reforma al artículo 21 de la Constitución que otorga facultades de investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El proyecto, que fue enviado a la Cámara de Diputados, precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la SSPC, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Además, plantea que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliará al titular del Ejecutivo federal en funciones en esta materia y coordinará el sistema nacional de inteligencia en el rubro de seguridad.
También podrá coordinar la colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de sus instituciones de seguridad, quienes deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad; la Secretaría de Seguridad, además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclareces hechos presuntamente delictivos
Y establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un Secretariado Ejecutivo que, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá realizar las acciones necesarias para homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno.
En su turno, el senador Óscar Cantón Zetina, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que el proyecto dota de herramientas jurídicas a las instituciones de seguridad pública en el país.
Pero apuntó que es necesario “meterle mano” a las fiscalías, ministerios públicos, defensorías de oficio, a los servicios periciales y a todo el engranaje que conforma la responsabilidad del Estado mexicano para atender la procuración de justicia y la seguridad pública.
En tanto, Francisco Javier Ramírez Acuña, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), indicó que la reforma busca redefinir, ajustar y optimizar el marco constitucional en materia de seguridad pública, porque “la situación de violencia que enfrentamos hoy en el país es crítica”, y exige soluciones puntuales e inmediatas, así como decisiones responsables y cuidadosamente balanceadas.
En su turno, Rolando Zapata, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), apuntó que “en la lucha contra la inseguridad siempre debe haber espacio para la unidad nacional y ninguna grieta por donde se cuele el egoísmo político”.
