Redacción
Frente a la iniciativa de reforma judicial propuesta el pasado 5 de febrero de 2024 por el presidente de la República que propone, entre otras cosas, que personas juezas, ministras y magistradas sean elegidas por votación popular y que el Consejo de la Judicatura Federal sea sustituido por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, varias organizaciones de la sociedad civil destacaron los riesgos que conlleva la iniciativa y ponemos sobre la mesa propuestas concretas para reducirlos.
Por medio de un reporte, señalaron que partiendo de la premisa que la elección de personas ministras, magistradas y juezas federales afectaría la autonomía del Poder Judicial como institución, así como la independencia de las personas juzgadoras, toda vez que la función judicial no es representativa sino de brindar una “justicia pareja” para todas y todos, sin influencias externas, políticas, económicas o fácticas.
En esta línea, alertaron el proceso de preselección de las personas candidatas previsto en la iniciativa no es claro y no garantizaría que estas sean las más idóneas para desempeñar la función judicial, pues no se definen los criterios bajo los cuáles se hará la definición de las listas de las personas que serían votadas y le deja a cada Poder la decisión discrecional de fijarlos.
“Por otro lado, es importante resaltar que, pese a que su exposición de motivos establece que esta iniciativa busca reducir la politización en los nombramientos de las personas juzgadoras, existe un alto riesgo de injerencia partidista y de los Poderes del Estado en el mecanismo propuesto, pues cada uno de estos Poderes propondrá un tercio de las personas candidatas” afirmó Itzel Checa, Coordinadora General del Observatorio de Designaciones Públicas.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Laurence Pantin, expuso que “estimamos que, como está planteada actualmente la iniciativa, se someterían a elección 9 mil 972 personas candidatas para ocupar mil 668 cargos a nivel federal y 30 mil 006 personas candidatas para 5 mil 001 puestos a nivel local, llegando a un total de 39 mil 978 personas candidatas en dichas elecciones. Tal número de puestos de elección implica un desafío para que la ciudadanía pueda conocer el perfil profesional y las competencias de las personas candidatas, una condición indispensable para que las y los electores emitan un voto informado”.
Ante este panorama, propusieron la conformación independiente de Comités Técnicos de Evaluación, figuras que se han instalado para otras designaciones de altas responsabilidades públicas. Los Comités se encargarían de establecer y aplicar una metodología de evaluación objetiva y rigurosa que permita definir a las y los aspirantes más preparados, mejor calificados para ejercer las funciones judiciales y con cualidades sustantivas que garanticen el principio de ser y parecer independiente. Es decir, a los perfiles más idóneos.
Lo anterior, desde una perspectiva basada en buenas prácticas y de estándares de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana efectiva, idoneidad, igualdad de condiciones, paridad y rendición de cuentas que deben regir los procesos de designación para brindar certeza jurídica, construir confianza ciudadana y dotar de legitimidad de origen a estas importantes decisiones.
En este orden, propusieron que el proceso de preselección de las personas candidatas considere las siguientes etapas bajo el mando del Comité Técnico de Evaluación, con la finalidad de garantizar perfiles idóneos:
- Emisión de una convocatoria abierta y pública con las etapas y plazos del proceso, así como con la metodología de evaluación que se seguiría.
- Revisión de los requisitos de elegibilidad.
- Aplicación de un examen de conocimientos teóricos-prácticos.
- Examinación del perfil de las y los aspirantes, a fin de evaluar la idoneidad para ocupar la responsabilidad.
- Realización de entrevistas públicas.
- Definición de las listas de personas candidatas con base en los resultados de la evaluación.
- Elaboración de un dictamen/documento público fundado y motivado.
Al respecto, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que un buen proceso de designación es un presupuesto esencial para fortalecer la independencia judicial, por lo que la Cámaras de Diputados tiene una oportunidad para trazar una reforma integral que vincule a las autoridades impartidoras de justicia con los retos del país y las demandas de la sociedad, proporcionando a los poderes judiciales una verdadera legitimidad democrática, sin atisbos de corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y demás acciones que empañen el proceso y las funciones del Poder Judicial. Esperamos altura de miras en esta apuesta de transformación.
